La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se ha pronunciado en la mañana de hoy acerca de la condena por un delito de calumnias al periodista Pedro Jiménez, de la Cadena SER, que ejerció su derecho a no revelar sus fuentes. En el comunicado hecho público por esta organización profesional, la APM muestra su sorpresa y protesta por una sentencia que considera desmedida y contraria al ejercicio del periodismo y al derecho de informar con libertad.
El texto de la APM dice lo siguiente:
La sentencia del titular del Juzgado de lo Penal nº 15, magistrado Calderón González, que condena por el delito de calumnia al periodista Pedro Jiménez nos produce sorpresa, asombro y preocupación. Aunque confiamos en que un tribunal superior anulará esta sentencia y la colocará en el catálogo de las decisiones extravagantes y contrarias a la libertad de información.
Discrepamos y protestamos por la interpretación que el magistrado da del delito de calumnia y su aplicación a las informaciones verídicas y contrastadas -tal y como relata la propia sentencia- elaboradas por Pedro Jiménez.
Protestamos por la tardanza en la tramitación de esta denuncia y consideramos inadmisible la explicación de que el juzgado tiene mucho trabajo atrasado.
Estimamos que se trata de una sentencia de parte, contra el ejercicio del periodismo y el derecho a informar con libertad.
Protección de sus fuentes
Según informó ayer el propio medio, dentro de su página web, el periodista investigó durante meses las presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos cometidas por una fundación vinculada al Partido Popular. La Cadena SER publicó en marzo del 2007 que la oficina antifraude de la Unión Europea estaba investigando a esta ONG, llamada CIPIE. Se trababa de saber si el dinero público recibido para desarrollar proyectos de cooperación en países del Tercer Mundo estaba llegando a su destino y se estaban realizando los proyectos comprometidos. Pasan los años y la denuncia va tomado forma: la oficina contra el fraude de Bruselas ha recomendado a las autoridades que pidan a la ONG la devolución de parte de esos fondos. El magistrado Javier María Calderón González considera sin embargo en su sentencia que el periodista que desveló el caso es culpable de un delito de calumnias por publicarlo.
La Cadena SER desveló también que algunos trabajadores de esta ONG declaraban que estaban siendo obligados a manipular facturas para tratar de esquivar las investigaciones abiertas por las autoridades. En todo momento se respetó el deseo de estos empleados de no hacer públicos sus nombres ya que temían por su futuro laboral. Durante todo el proceso de instrucción, y hasta el mismo día del juicio, Pedro Jiménez ha respetado el derecho a mantener en secreto las fuentes que reconoce la Constitución Española. Para el magistrado Calderón es culpable de un delito de calumnias. Sostiene que «no fue veraz» y que «la emisión de tales noticias (…..) ni está justificada por el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y (…) carece de la diligencia necesaria que debe tener un profesional de los medios de comunicación».
De forma sorpresiva el magistrado preguntó en la fase previa del juicio cómo se publicaría la sentencia en caso de ser condenado el periodista. Y despreció una prueba fundamental aportada en la declaración de los testigos de la defensa: que la Unión Europea había pedido a su Dirección General de Cooperación que se exigiera a esta ONG la devolución de parte de los fondos cobrados.
Pasados cuatro años las informaciones se han demostrado veraces, las autoridades europeas han pedido que se devuelva parte del dinero que se dio a esta fundación para proyectos en el exterior y el Ministerio de Exteriores ha hecho lo mismo, después de una larga auditoría realizada por la Intervención General del Estado. La Cadena SER recurrirá la sentencia.
