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Los periódicos isleños informan sobre la delincuencia juvenil desde una percepción colectiva de peligro

La investigación realizada por Isabel de Blas pone de manifiesto que los temas de la agenda mediática sobre infracción juvenil "ignoran sus causas y las alternativas al internamiento".

APT

Justicia penal juvenil en la prensa de Canarias (2001-2005) es el título del exhaustivo trabajo de investigación realizado por Isabel de Blas, licenciada en Derecho y en Periodismo, además de diplomada en Criminología, en el que analiza los mensajes informativos publicados en los principales rotativos de las Islas respecto a los menores que cumplen medidas judiciales.

El citado análisis se corresponde con la tesis doctoral que presentó su autora en junio pasado, elaborada bajo la dirección del catedrático de Periodismo Ricardo Acirón. En sus más de 800 páginas, Isabel de Blas pone de manifiesto que los temas de la agenda mediática sobre infracción juvenil “ignoran sus causas y las alternativas al internamiento”. La tesis contiene toda la legislación, recomendaciones y códigos éticos que relacionan a la infancia con los medios de comunicación.

A lo largo de esta investigación, su autora analiza los mensajes informativos publicados en los principales rotativos de la prensa isleña respecto a los menores que cumplen medidas judiciales como agentes motivadores en la generación de una corriente de opinión publica adversa a la infracción juvenil y a sus protagonistas.

En el mismo sentido, se examina la responsabilidad de la prensa en la exposición de este discurso informativo en sus dimensiones reales con el objeto de que los derechos y deberes de los menores infractores sean conocidos y discutidos por el público receptor, formando de este modo, un auténtico debate público en la agenda política insular.

La delincuencia de menores constituye un fenómeno social que sensibiliza y moviliza a la opinión pública y, especialmente, a los medios de comunicación. La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, supuso una auténtica revolución en el ámbito de la justicia penal juvenil, por atribuir la competencia para la ejecución de las medidas judiciales a las entidades públicas de las Comunidades Autónomas.

La carencia de medios materiales y personales generó consecuencias graves en el archipiélago canario, a las que coadyuvó la fragmentación territorial, la lejanía del territorio continental y la afluencia en la llegada de menores extranjeros no acompañados.

Una tesis pionera, por Dory Merino

Descargar Justicia penal juvenil en la prensa de Canarias (2011-2005)

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