El Tribunal Supremo pone en entredicho el proceso por el que el Gobierno de Canarias adjudicó en 2007 las licencias para la explotación de 54 canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en las Islas. En dos sentencias el Alto Tribunal da la razón a Editorial Prensa Canaria y La Opinión de Tenerife y obliga a repetir el proceso de concesión de las licencias, tras confirmar los pronunciamientos previos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que concluyó que las dos concesiones se aprobaron en un proceso afectado por el «subjetivismo, la ausencia de imparcialidad y la desviación de poder».
Desde que en diciembre de 2008 se produjera la primera sentencia en la que se anuló el resultado del concurso para la explotación de los canales del servicio de televisión digital terrestre en Canarias, el Ejecutivo de Paulino Rivero ha perdido todas las demandas presentadas en todos los ámbitos judiciales, pese a que el propio presidente llegó a declarar: «las cosas están bien hechas y los adjudicatarios pueden estar tranquilos».
Tras las dos sentencias emitidas esta semana por el Tribunal Supremo y con las que con igual motivación y resultado se conocerán en los próximos meses, los magistrados tiran abajo el mapa audiovisual de las Islas y retrotraen todo el proceso a la fase previa a la adjudicación. Las sentencias dejan al Gobierno de Canarias expuesto a las posibles reclamaciones de las empresas que entonces resultaron adjudicatarias y, en virtud de ello, procedieron a realizar las inversiones necesarias para desarrollar su actividad para la explotación de las licencias de televisión digital terrestre. Tanto estas sociedades como las que resultaron perjudicadas por aquellas adjudicaciones podrán ahora plantearse nuevas demandas, reclamando indemnizaciones por el lucro cesante o los daños y perjuicios que se les han causado.
El irregular procedimiento para la concesión de las licencias de TDT que ahora comienza a llegar al final del proceso judicial se inició el 16 de octubre de 2007, cuando el Gobierno de Canarias adjudicó 54 canales de televisión locales, insulares y autonómicos. Una treintena de empresas que habían quedado fuera de las adjudicaciones presentaron demandas en los órganos contencioso-administrativos por entender que la decisión de la Mesa de Contratación no estaba basada en criterios objetivos, y que habían primado objetivos políticos ajenos a la calidad de las ofertas presentadas.
Sentencias contrarias
El 11 de diciembre de 2008 se produjo la primera sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias a favor de La Opinión de Tenerife, que obligaba a repetir las adjudicaciones de las concesiones del ámbito insular de Tenerife. En enero de 2010 se produjo otra del mismo tribunal a favor de Editorial Prensa Canaria, que obligaba igualmente a repetir las adjudicaciones en el ámbito autonómico.
Ambas resoluciones son las que ahora refrenda el Tribunal Supremo. Entonces y ahora, los magistrados consideraron que estas dos empresas habían sido deliberadamente perjudicadas en las baremaciones realizadas por una empresa externa que «acomoda el contenido del informe a los deseos de quien lo encarga y lo paga».
Junto a estos dos pronunciamientos, se ha producido una cascada de 25 sentencias de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con idénticos razonamientos y la misma dureza argumental: «ausencia de razonabilidad, indebido subjetivismo, total ausencia de neutralidad».
Pese a estos varapalos jurídicos contra el proceso de adjudicación de las licencias para la explotación de los canales de la televisión digital terrestre, el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, quien a su vez presidió la Mesa de Contratación que otorgó las concesiones, insistía en la limpieza del proceso. También el presidente del Gobierno pedía «tranquilidad para todos, tranquilidad para los operadores que tienen asignada la frecuencia, porque las cosas están bien hechas», al mismo tiempo que advertía que los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias eran recurribles ante el Supremo. «Hasta que no termine el partido, que pite el árbitro al final, pues no se conoce el resultado», expresó el presidente del Gobierno.
El final de ese partido llega con estas dos sentencias. Este jueves, el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, tras informar de ellas, restaba importancia al pronunciamiento y aseguraba que el Alto Tribunal no anula el concurso, sino que sólo insta a «subsanar algunos defectos». Esos «defectos» suponen en realidad una sanción completa a aquel proceso, y una enmienda a la totalidad al mapa diseñado por el Ejecutivo nacionalista, en alianza entonces con el Partido Popular.
