CARMEN DEL RIEGO / EL ECONOMISTA DIGITAL
Dos palabras garantizarían el futuro de cualquier medio de comunicación público: independencia y austeridad. Dos conceptos que deberían formar parte de la esencia de la televisión pública, sea de ámbito nacional, autonómica o local. Pero eso sólo se consigue si dejan de ser un juguete o un instrumento de poder, en manos del partido que gobierne en cada momento la comunidad autónoma o el Gobierno central.
La vulneración de estos dos principios durante muchos años en todas las televisiones públicas es lo que las ha llevado a la situación que viven ahora todas las comunidades autónomas, y la ausencia de estas dos prácticas en Radiotelevisió Valenciana (RTVV) es la que la ha condenado ahora al ente a presentar un ERE que supondrá el despido de 1.198 trabajadores que no tienen ninguna culpa de la situación económica de la corporación, quebrada económicamente desde hace años, con una deuda de 1.200 millones de euros, y que funcionará a partir de ahora tan sólo con 480 empleados.
Vaya por delante la solidaridad de la APM con los trabajadores que se quedarán en la calle, y que no hará sino agravar la mala situación que vive la profesión periodística. Pero un análisis frío de las cifras apuntadas hasta ahora debe llevarnos a una pregunta: ¿Necesitaba una radiotelevisión pública de una comunidad como la Valenciana de más de 1.600 empleados?
No parece lógico y la dependencia de la televisión valenciana del poder político es seguramente, la culpable de que cada partido o incluso cada presidente, quiera tener a su servicio a periodistas y trabajadores de su confianza que atiendan a sus intereses. Todo lo contrario de lo que debe ser una televisión pública, independiente de los poderes políticos y que se rijan, solamente, por principios profesionales.
La ausencia del otro puntal básico que debe regir un medio de comunicación público, la austeridad, parece también que ha sido la tónica en esta radiotelevisión pública, y basta con acudir a los informes del Sindic de Comptes valenciano para corroborar esa apreciación. Habla de un “recurrente desequilibrio económico entre gastos e ingresos de explotación, motivado, entre otras causas, por una desproporcionada relación entre los aprovisionamientos y los gastos de personal y la cifra de negocios”.
Así pues, el negro futuro del canal valenciano y sus trabajadores, empezó a escribirse hace mucho y no invita al optimismo. La aprobación de la nueva ley permitirá a lo que quede de la RTVV privatizar franjas horarias.
No debe ser ese el camino de una televisión pública, sea la valenciana, la madrileña o la catalana. Una televisión pública, para la APM, sólo tiene sentido con una gestión austera, unos objetivos realmente volcados en la promoción y la difusión de la lengua -en aquellas autonomías con lengua propia-, de la cultura y de los valores sociales de la comunidad a la que pertenece, sin despilfarros, independiente de los gobiernos de turno y con unos informativos plurales, objetivos, veraces y una programación de calidad.
