ANTONIO ALARCÓ / DIARIO DE AVISOS
Cada 3 de mayo, desde hace veinte años, la Unesco convoca a todos los países a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en sus sociedades. Sobre la base del reconocimiento de que una prensa libre, pluralista e independiente es esencial en toda sociedad democrática, se proclamó esa fecha como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una forma de recordar a quienes desean ejercer sin cortapisas el periodismo en decenas de países, donde esta libertad es solo una utopía. Muchos de ellos incluso arriesgan su integridad física, cuando no sus vidas, en pos de un derecho que solo desde hace algunas décadas está plenamente consolidado incluso en el mundo democrático.
La libertad de prensa fue reconocida de forma primigenia en España en la Constitución de 1812, La Pepa, cuyo segundo centenario celebrábamos el pasado año. No se entendería, de hecho, nuestro país sin libertad de prensa, pues la única forma de encontrar la complicidad de la ciudadanía es a través de los medios de comunicación, uno de los sectores de actividad humana que más han cambiado con las nuevas tecnologías. La actual situación de crisis dificulta el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución Española, que resguarda la libertad de prensa y el derecho a informar y a recibir información -que asiste lamentablemente a un limitado porcentaje de la población mundial-, pero la razón de ser del periodismo debe seguir siendo la credibilidad y la pluralidad. Por difíciles que se pongan las cosas.
Vivimos, de hecho, épocas muy complicadas para los periodistas españoles, afectados por unas circunstancias que se traducen en menor soporte económico para las empresas dedicadas a este ámbito, pero también por el necesario cambio de modelo que se impone en el sector. Según los cálculos de la Asociación de la Prensa de Madrid, entre 2008 y 2012, se han destruido en nuestro país cerca de 27.000 puestos de trabajo entre profesionales de los medios de comunicación, y que han podido cerrar unas 200 empresas del ramo. Toda una paradoja si tenemos en cuenta el auge experimentado por las carreras del sector, cuyas matriculaciones han crecido un 2,5% en el último año. La profesión de periodista es hoy, si cabe, mucho más compleja. El cambio tecnológico permite que nos dirijamos a una sociedad global, por lo que también son muchas más las circunstancias que pueden afectar a unos principios morales y deontológicos marcados por el rigor, la objetividad y la independencia.
Es indudable que esta independencia, por sí misma, se relaciona muy directamente con la autonomía económica. Los ingresos publicitarios y, por qué no decirlo, la implicación de las instituciones, han descendido, y la repercusión en los medios de comunicación se ha dejado sentir. En Canarias hemos asistido a la reciente regulación del Gobierno regional sobre publicidad institucional, un perfecto ejemplo de cómo no han de hacerse las cosas. Por no hablar del cuestionable reparto de licencias en el espacio radioeléctrico que ha llevado al cierre de empresas. No hay que irse lejos, por tanto, para asistir a tentativas de control, muchas veces, enfermizo, de los medios de comunicación. Son decisiones que no compartimos y que afectan al pleno desarrollo de este derecho, que conlleva la facultad de informar libremente, pero también el derecho de quienes vivimos en Canarias de estar puntual y objetivamente informados. La recuperación de la credibilidad de la llamada clase política, en pleno proceso de desafección entre los ciudadanos, solo llegará -con condiciones y esfuerzo de todas las partes- a través de los medios de comunicación.
Este contexto debería llevarnos a una profunda reflexión sobre la importancia que tiene la pervivencia del mayor número de empresas informativas posible, por el bien de la democracia y la pluralidad. Su cierre es un lujo que no podemos permitirnos, ni mucho menos potenciar.
La docilidad en los medios de comunicación acaba con aquellos que la cultivan. Quien se rodea de mediocres siempre muere en manos de mediocres.
