La Fiscalía de Madrid ha retirado la acusación contra los periodistas de ABC Cruz Morcillo y Pablo Muñoz por un delito de revelación de secretos por una información que publicaron en el diario sobre Luis Bárcenas. El Ministerio Público, que solicitaba dos años y medio de cárcel y veinte meses de multa con una cuota de 50 euros diarios para los dos informadores, ha reconsiderado su postura y entiende ahora que los hechos no son constitutivos de delito, por lo que pide el archivo de la causa, según informa ABC.
Los periodistas publicaron una escucha teléfonica interceptada en la que dos investigados de la mafia italiana hablaban sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas. El titular de la información era: «Bárcenas a un capo de la Camorra: política y mafia son lo mismo».
Desde la FAPE, su presidenta, Elsa González, hizo llegar, el pasado 29 de abril, una carta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, agradeciéndole su decisión de actuar en defensa del derecho de los periodistas a la libre emisión de información veraz en asuntos de interés público. Madrigal había mostrado previamente su decisión de actuar en defensa de Morcillo y Muñoz, lo que, a juicio de la FAPE, suponía amparar el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir una información veraz y libre.
En relación a este asunto la FAPE siempre consideró, y así lo hizo constar públicamente, que ni había delito ni existían precedentes en los que se pida prisión en España para un periodista por una información, que, como manifestaron ambos periodistas implicados en el caso, no afectó a ningún procedimiento judicial.
La APM celebra el archivo de la causa
La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) celebra como un triunfo de la libertad de expresión la decisión de la Fiscalía de Madrid de retirar la acusación contra los periodistas de ABC. La organización, que había amparado a los dos periodistas, considera que se ha impuesto la razón, al tiempo que insta a las instituciones a que dejen a los periodistas hacer su trabajo y que no les persigan por ello.
La APM había respaldado la labor profesional de Muñoz y Morcillo, ya que procedieron en la información que publicaron de acuerdo con la doctrina que viene marcando el Tribunal Constitucional en los casos de conflicto entre el derecho de información y de libertad de expresión y las investigaciones judiciales.
Dicha doctrina hace prevalecer tales derechos cuando la información ha sido obtenida rectamente, es veraz, ha sido contrastada y es de interés general.
FUENTE: FAPE
