EVA NAVARRETE*
Hace algunos meses, The New York Times se hacía eco de la situación del periodismo en España y se mostraba preocupado por el control público de los medios de comunicación y la frágil independencia de los periodistas, atenazados y amenazados, decía, por la crisis económica global y su crisis particular.
En el año 2005, la Unesco, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, dedicó la efeméride al papel de los medios de comunicación y el buen gobierno, resaltando una vez más que «los medios permiten a la población realizar controles y evaluaciones continuos de las actividades del gobierno, y proporcionan un foro de debate para contribuir a dar voz a las preocupaciones públicas». De igual modo destacaba que «para que los medios sirvan el interés público, los gobiernos tienen que proteger la independencia de su funcionamiento y permitir la expresión de diversos puntos de vista en la sociedad».
Eso implica necesariamente que las injerencias de los gobiernos, por ejemplo, en la designación de quienes ocupan los órganos de dirección de los medios de comunicación de carácter público sean las justas y necesarias para garantizar la aplicación de los principios legales establecidos para la promoción o la contratación, situando siempre y por encima de otros el interés general. La pregunta en este debate no es, por ejemplo, si para dirigir un informativo se precisa o no la titulación, sino en base a qué criterios, objetivos y consensuados y por supuesto ajustados a la legislación vigente, se designa a la persona más idónea para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía y así contribuir al buen gobierno a través de los medios de comunicación, como señala la Unesco.
Para acceder a un puesto cuyas funciones sean las propias del periodismo, debe exigirse la titulación o tener al menos en cuenta la colegiación ya que, en el caso de Andalucía, durante los primeros meses de funcionamiento del Colegio, se permitió la adscripción de aquellas personas que por su dilatada y demostrada trayectoria y experiencia profesional así lo solicitaran. Pero es que además, dichos puestos, también en el caso de los gabinetes de comunicación de las administraciones públicas, deben tener carácter estructural y estar bien definidos para evitar justamente la politización de los mismos y para garantizar la independencia del periodista. Por eso desde el Colegio estamos llamando a todas las administraciones a considerar esta opción como la mejor para el cumplimiento de la función social del periodismo, asegurando con ello el derecho fundamental a la información.
*Decana del Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA)
FUENTE: EL CORREO DE ANDALUCÍA
