XOSE MARTÍN / APM
“España es un punto negro en materia de libertad de información” por la aplicación de las llamadas “leyes mordaza”, alertó Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), durante su intervención en el seminario “El gran silencio: libertad y censura en España, Italia y el resto del mundo”, que se celebró el 23 de marzo en la Universidad Complutense de Madrid y fue promovido por la PDLI y la organización italiana Ossigeno.
Sánchez Almeida explicó que nos encontramos en un contexto “de retroceso global de libertades”, iniciado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el caso de nuestro país, primero fue la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, aprobada en 2002 bajo el Gobierno de José María Aznar: “la primera ley que estableció un modelo de censura administrativa en internet”, señaló Sánchez Almeida. Después llegó el proyecto de reforma de dicha ley y de la Ley de Propiedad Intelectual, con José Luis Rodríguez Zapatero, con la conocida Ley Sinde, que “introduce la propiedad intelectual como una materia de censura que puede justificar la censura administrativa”.
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