EL MUNDO
En los últimos años, al menos 18 países han sufrido campañas de desinformación o manipulación online durante la celebración de procesos electorales, según el informe Freedom on the net de 2017. El uso de información falsa o tergiversada en la campaña del referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido ha sido abiertamente admitido por organizaciones y políticos a favor del sí como Nigel Farage. La preocupación entre la ciudadanía ante este fenómeno es evidente: según el Eurobarómetro, el 83% de los europeos creen que las noticias falsas son una amenaza para la democracia.
Cuando una información ha podido lesionar un derecho individual de las personas, como el honor o la intimidad, siempre se ha exigido como condición para proteger y dar prevalencia a la libertad de expresión que la noticia fuera veraz, esto es, que el informador haya actuado diligentemente comprobando la veracidad de los hechos. No merece protección constitucional, en cambio, la difusión de bulos, informaciones maliciosamente falsas o elaboradas con temerario desprecio a la verdad. El fenómeno de la información falsa o engañosa difundida on line nos sitúa en un plano que trasciende la lesión de los derechos individuales y plantea la afectación del interés colectivo de los ciudadanos y ciudadanas en «el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, propia del sistema democrático», en palabras de una consolidada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.
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