EL PAÍS
“Ponderé la situación y pensé que era mi deber investigar el delito, que era grave, y debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremo” ha defendido el juez Miquel Florit, que se sienta este jueves en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de varios delitos en el decomiso de los teléfonos móviles de dos periodistas que informaban de un caso judicial.
El juez requisó en diciembre de 2018 los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, así como parte del material informático que guardaban en la redacción.
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