AGUSTÍN GAJATE BARAHONA
El barómetro especial elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyos resultados fueron publicados la pasada semana, incluyó una controvertida pregunta en su encuesta realizada telefónicamente a tres mil ciudadanos de todas las regiones del país entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2020: ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?
Mucho se ha escrito, comentado, analizado e incluso ironizado durante estos últimos días sobre lo tendenciosa o manipuladora que resulta la redacción de la pregunta y sobre las intenciones del gobierno de la nación a este respecto. Sin embargo, a mí me inquieta más la respuesta que la pregunta, porque dos tercios de los encuestados consideran que “habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información”; mientras que sólo un 30,8 por ciento apuesta por no restringir ni prohibir ningún tipo de información.
Por muy manipuladora o tendenciosa que sea la pregunta, cuando tienes firmes valores democráticos, la respuesta debería ser clara y contundente: jamás debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información desde los poderes públicos. Otra cosa son las consecuencias jurídicas, penales o merecedoras de sanción por elaborar y difundir informaciones falsas, engañosas, incitadoras al odio o a la comisión de delitos, que deben ser dilucidadas por los tribunales.
Detrás del apoyo mayoritario favorable a una posible prohibición subyace un problema de educación en los valores democráticos y en las líneas rojas que nunca debe traspasar el poder político en una democracia, pero que, sin embargo, ocurre en situaciones excepcionales, como en caso de guerra.
Con la declaración del Estado de Alarma se ha estado transmitiendo por parte de diferentes portavoces gubernamentales que estamos en guerra contra la COVID-19 y de hecho se ha movilizado a parte del ejército con fines sociales, lo que me parece apropiado y coherente con la situación, ya que el Estado tiene la obligación de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir la propagación de la pandemia.
Pero el mensaje de que estamos en guerra también conlleva la aparición de la propaganda y de la contrapropaganda y, por lo que estamos observando, algunos se han pasado a la ‘resistencia’ y confunden al enemigo, por no hablar del ‘fuego amigo’, ya que ambos entorpecen cada vez más la posibilidad de dar una respuesta unánime al reto sanitario, social y económico que tenemos planteado.
Creo que tanto los medios de comunicación, sus propietarios y accionistas, como los profesionales de la información, las autoridades y organizaciones educativas y los líderes políticos deberíamos hacer autocrítica y una reflexión a corto, medio y largo plazo: a corto, sobre si la bronca que hay montada entre gobierno, oposición y algunos medios, profesionales y no tan profesionales de la comunicación (influencers, haters y trolls) ayuda a resolver los problemas que tenemos que afrontar; a medio, sobre si podemos colaborar entre todos para que este país salga adelante sin limitaciones de libertades más allá de las que sean estrictamente necesarias para impedir la propagación del coronavirus, y a largo, sobre si no habría que cambiar el modelo educativo para que los valores democráticos de las futuras generaciones sean más firmes que los de las actuales, generen espíritu crítico y no admitan la posibilidad de ceder espacios de libertad por falta de responsabilidad, tanto individual como colectiva.
