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Las asociaciones de periodistas denuncian el control de la información que el Gobierno pretende dejar en manos de la Fiscalía en su nueva ley procesal penal y estallan contra el nuevo plan del Ministerio de Justicia, que contempla el secuestro de publicaciones y limita la libertad de información y prensa, una vulneración del artículo 20 de la Constitución. «Que el fiscal sea el único cauce oficial y exclusivo de la información es un intento más del Gobierno para restringir la libertad de información», suscribe Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE).
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