EL PAÍS
La orden ministerial que consagra el “Procedimiento de actuación contra la desinformación” provocada por la difusión malintencionada de noticias falsas trae buena causa, pero su factura es desatinada y requiere modificaciones.
La intención es correcta, pues las campañas intensivas de desinformación —frecuentemente procedentes de potencias externas, pero a veces también de agentes internos— constituyen una amenaza de la máxima seriedad para la estabilidad de las instituciones democráticas.
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