APM
Conforme a un análisis conjunto de Hay Derecho, Más Democracia, Access Info y Transparencia Internacional España, el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada o de “secretos oficiales”, como popularmente se la conoce y que actualmente tramita el Gobierno para sustituir a la de 1968, no garantiza un equilibrio entre la clasificación de información y el derecho a la libertad de información, la rendición de cuentas y la transparencia, tal y como su propósito expresa.
Según estas organizaciones protransparencia, la Ley de Información Clasificada «no puede permitir, en aras de una supuesta seguridad nacional, potenciales violaciones de los derechos humanos y mucho menos los delitos de lesa humanidad». Igualmente, consideran que «no puede ser valedora de la ‘Agenda Oculta del Estado’ ni de prácticas ajenas a nuestro ordenamiento constitucional.
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