REPORTEROS SIN FRONTERAS
Cuando Daphne Caruana fue asesinada con una bomba adherida a su coche, el 16 de octubre de 2017, tenía abiertos 47 litigios contra ella en los tribunales de Malta, la mayoría por supuestos delitos de difamación. El prestigioso diario polaco Gazeta Wyborcza se enfrenta actualmente a decenas de demandas abusivas por parte del partido ultraconservador en el poder. El multimillonario empresario francés Vincent Bolloré utiliza frecuentemente estrategias de acoso judicial contra periodistas para tratar de silenciarlos. Las maniobras de litigios abusivos proliferan en países como Italia, Croacia, Eslovenia y también España.
En 2021, la plataforma Media Freedom Rapid Response, documentó 439 alertas de ataques a la prensa en la UE, de los cuales el 22% tuvieron consecuencias legales. El último informe de la red del Consejo de Europa para la Protección y la Seguridad de los Periodistas, también advierte de que las SLAPP se extienden en Europa. Los demandantes pueden provenir del sector privado (empresas), pero a menudo del público (partidos políticos o autoridades) y casi siempre basan sus denuncias en presuntos delitos relacionados con el derecho al honor (como la difamación), la lucha antiterrorista, la seguridad nacional o la revelación de secretos.
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