APT
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT) se adhiere al comunicado de su homóloga de Las Palmas de Gran Canaria relativo al amparo solicitado por el asociado y director del periódico digital Canariasahora.com, Carlos Sosa Báez, denunciado por el exmagistrado Salvador Alba, actualmente en prisión por la comisión de varios delitos vinculados a corrupción, según sentencia firme ratificada por el Tribunal Supremo.
Señala el comunicado de la Asociación de Las Palmas que “ante la amenaza que supone este tipo de procedimientos para el libre ejercicio periodístico que abriga la Constitución través del derecho a la libertad de expresión y comunicación, esta junta directiva entiende que Carlos Sosa se ha limitado a cumplir con sus obligaciones profesionales, según los principios deontológicos que FAPE y sus asociadas proponen a sus miembros, o sea, garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, rigurosa y contrastada en base al interés social y periodístico y a la autonomía editorial de cada medio.
Esta junta no comparte la apertura de juicio oral acordada, así como la elevada fianza propuesta, contra un periodista que ha tratado de informar sobre un caso de trascendencia pública del que se han hecho eco multitud de medios informativos de toda España”.
La Asociación de Las Palmas muestra su preocupación por las consecuencias laborales, morales y profesionales, y por la alarma que esta denuncia ocasiona al colectivo periodístico en tanto en cuanto el denunciante fue declarado culpable, por el TSJC y, con posterioridad, por el Tribunal Supremo, y, sobre todo, porque en el proceso instruido por un juzgado de Madrid, la Fiscalía se ha mostrado a favor de Carlos Sosa, instando el archivo de la causa al respaldar la legalidad del contenido de las noticias referidas al caso. “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”, según el Ministerio Público, que resalta estar ante “un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”.
“No se publica –según la Fiscalía– ningún dato no relacionado con la noticia, y los datos publicados cumplen el juicio de necesariedad en cuanto se circunscriben estrictamente a lo que se considera noticiable, sin que excedan de cuanto pueda tener relevancia informativa ni puedan calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios».
Esta junta se solidariza con el compañero afectado, se adhiere a los principios de libertad de expresión e información, y desea que, en el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, se acuerde el sobreseimiento de los presuntos delitos de los que se le acusa (revelación de secretos, odio y acoso), por el mero hecho ejercer la profesión periodística, informando de un caso sobre el que en momento alguno se decretó el secreto de sumario.
La APT se solidariza con el compañero afectado y hace suya la declaración de la asociación de Las Palmas, confiando de las autoridades judiciales competentes en el sobreseimiento de los presuntos delitos que se le imputan a Sosa Báez.
