Marta Martín Llaguno (The Objective) | La desinformación es un problema gordo para las democracias. En 2015, cuando tocó responder a las campañas de intoxicación rusas, la Unión Europea arrancó su cruzada con una idea sensata: recortar lo mínimo para blindar lo básico. Al poco tiempo, se empezó a cocinar el Plan de Acción contra la Desinformación, que cristalizó en 2018. Entonces se apelaba a coordinación, recomendaciones y voluntarismo… hasta que la realidad obligó a cambiar el tono. Del «por favor» pasamos al «por decreto». Hoy mandan, más que los principios, los reglamentos.
En 2024 entró en vigor el DSA (Digital Services Act), del que se ha explicado poco y se ha entendido menos. En teoría, esta norma acaba con el «no es cosa mía» de las plataformas: la desinformación se define como riesgo sistémico y ellas pasan a ser corresponsables.
