Salvador García Llanos | La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) sigue exigiendo al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios que realicen de inmediato las acciones necesarias, en sus respectivas competencias, para implementar dos normativas que son de gran importancia para defender el derecho a la información de la ciudadanía, las cuales están establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución española. Pide la Federación que no las usen como un argumento más de confrontación política sino para impulsar las medidas que contienen, imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia.
¿De qué normas se trata? Por un lado, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés European Media Freedom Act) debería aplicarse en todos los países de la Unión Europea (UE) desde agosto del pasado año. Por otro, la directiva europea contra las demandas estratégicas contra la participación pública, conocida como anti-SLAPP (por sus siglas en inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation) debería estar incorporada a la legislación española desde el 7 de mayo del presente año. Como decimos, ninguna de estas dos normas europeas, muy importantes para defender el derecho a la información de la ciudadanía que establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución española, se está aplicando en España.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP ha expresado su profunda indignación ante las graves revelaciones sobre la productora audiovisual Andalucía Digital Multimedia (ADM), empresa semipública participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía. Esos hechos no son más que el exponente de una precariedad laboral que, lamentablemente, es la tónica dominante en el sector audiovisual español. La impunidad de las prácticas de acoso y abuso es el resultado directo de un modelo de subcontratación pública que prioriza el ahorro de costes sobre la dignidad de los y las profesionales.
El sindicato parece querer llegar lejos pues ha hecho un llamamiento urgente a todos las y los trabajadores del sector para que sean conscientes de que esa situación solo se resolverá desde la unidad, la organización sindical y la exigencia compartida de que ninguna administración pública siga financiando a empresas que vulneran derechos fundamentales. «Es el momento —dice— de romper el silencio y dar una respuesta sindical coordinada y firme para transformar un modelo que precariza la profesión. La externalización de cada vez más tareas de las radiotelevisiones públicas a productoras privadas que no tienen convenios de empresa ni planes de igualdad se está convirtiendo en un pozo oscuro de precariedad y desregulación que es necesario y urgente revertir». La FeSP, por otro lado, denuncia el aumento de las presiones políticas y la manipulación en distintas radiotelevisiones públicas, como se ha visto recientemente de manera muy grave en IB3, la radiotelevisión pública autonómica balear. Esta Federación también apoyó las convocatorias de huelga en TV3 y en Catalunya Ràdio y se solidarizó con sus profesionales. Exigió al Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que atienda las reivindicaciones de los respectivos comités de empresa.
