VÍCTOR VARGAS LLAMAS / EL PERIÓDICO
Casi un cuarto de siglo ha transcurrido desde que el Col·legi de Periodistes de Catalunya aprobara su primer código deontológico, la declaración de principios con los que velar por que la profesión se desarrolle en base al rigor, la postura crítica, la observación de los más elementales principios éticos y el compromiso de contribuir a consolidar una sociedad plural y democrática. Veinticuatro años en los que la potente transformación tecnológica de los medios y la constante evolución de la opinión pública hacían necesario un proceso de redefinición de esta reglamentación, que acaba de culminar.
Si hay un precepto que no cambia es el de que los profesionales de la información deberán realizar su tarea de manera precisa, pero adquiere toda la relevancia posible en un entorno, el de internet, en el que la premura por divulgar el hecho noticioso puede llevar al traste la obligación de aproximar la audiencia a la realidad «con la mayor fidelidad posible». Los periodistas deben distinguir información de opinión, contrastar los datos y evitar «la propagación de conjeturas».
El nuevo código remarca la obligación de obtener la información a partir de «métodos lícitos», eludiendo cámaras ocultas y engaños, y prescindiendo de la difusión no consentida de contenidos privados a través de dispositivos electrónicos. Los periodistas tienen «la obligación moral» de preservar la identidad de las fuentes si así lo requieren, así como la necesidad de conciliar los derechos individuales con el derecho a la información de los ciudadanos.
Veracidad
La nueva declaración de principios rechaza la aceptación de gratificaciones en aras de «orientar o publicar noticias y opiniones» de forma interesada. Es inaceptable simultanear el oficio de periodista con actividades que comprometan «los principios de veracidad e independencia», así como utilizar en beneficio propio el acceso a informaciones privilegiadas.
El código reclama respetar el derecho a la intimidad de las personas, especialmente las más vulnerables, salvaguardar la presunción de inocencia mientras la justicia no demuestre lo contrario, proteger los derechos de los menores y, en definitiva, respetar la dignidad de las personas y su integridad física y moral.
En el ámbito digital, se apela a la responsabilidad editorial, la transparencia y el rigor, y se enfatiza la necesidad de moderar la participación de los internautas, que están obligados a identificarse. El texto también realiza una serie de recomendaciones en materia de plagio, tratamiento de conflictos armados y la referencia a grupos étnicos e inmigrantes irregulares.
