HUMBERTO HERNÁNDEZ
Un libro muy crítico y sugerente, que recomiendo vivamente, aunque pueda resultar incómodo para los defensores de lo políticamente correcto, es el de Darío Villanueva “Morderse la lengua” (Barcelona, Espasa, 2021). Molesto para algunos pero valiente y muy interesante para quienes no mantenemos posturas radicales en relación con ciertos usos lingüísticos, como los que pretenden imponerse por encima de la norma mayoritaria, que es la que surge espontáneamente de la soberana voluntad de los legítimos propietarios de la lengua. Ningún grupo de poder, político o mediático, ni siquiera académico puede ostentar la autoridad que le permita modificar el curso natural del mecanismo de este complejo sistema semiótico cuyo funcionamiento viene garantizado por una facultad superior, la del lenguaje, que no tiene su sede en ningún parlamento, en ningún partido político, en ningún influyente medio de comunicación, en ningún selecto, por aristocrático, grupo social, ni en las nobles salas en las que mantienen sesudas reuniones los académicos de cualquiera de las academias, ni los más destacados especialistas en Filología. Las academias y los lingüistas han de limitarse a registrar los usos generalizados, consensuados y aceptados por la mayoría, por más que, según su autorizado parecer, pudieran entrar en contradicción con determinados principios de las ciencias del lenguaje: la Ortografía y la Ortología se ocupan de presentar organizado el complejo mundo de los sonidos del habla (infinitos sonidos que reconocemos en menos de una veintena de fonemas representados en veintisiete letras); la Gramática, que presenta de manera comprensible las reglas que regulan la formación y combinación de las palabras, y la Lexicografía, que se ocupa de registrar el léxico que los hablantes vamos aportando e incorporando a este maravilloso condominio que es la lengua, nuestro más preciado patrimonio cultural. Nadie unilateralmente ―insisto― tiene autoridad para dictar normas que se opongan a las soberanas reglas, mutables, por supuesto, que los usuarios del idioma vamos construyendo con el uso colectivo. Y estas normas no pueden (o no deben) transgredirse, porque son la garantía de la unidad de la lengua por encima de la variación dialectal y por el enorme riesgo de dificultar el éxito de su función comunicativa.
Sin embargo, esta extraordinaria independencia y autonomía de la lengua, que debemos respetar, no es óbice para que le dediquemos una especial atención, y, por medio de su estudio y reflexión, procuremos su mejor uso y así garantizar, en la medida de lo posible, el milagro de la comunicación y el pensamiento, imposible de llevar a cabo sin palabras. De esta necesidad surge el concepto de norma lingüística, que no es otra cosa que el conjunto de reglas comunes que todos nos hemos dado y que pretenden unificar la enorme cantidad de posibilidades que el sistema lingüístico nos ofrece: huya / huiga / juya; así / ansí / ansina; satisficiera / satisfaciera; albóndiga / almóndiga; prevé / prevee; conduje / conducí: entre todas estas posibilidades que ofrece el sistema lingüístico, la norma, en estos casos, recomienda utilizar la primera forma de cada serie. Pero las lenguas cambian y también cambian las normas; por eso hemos de estar siempre atentos para seguir fielmente el camino que va configurando la lengua y así procurar que nos sirva mejor en sus más variados fines. Los manuales de ortografía, las gramáticas y los diccionarios, y la asignatura de Lengua Española, cuyas clases contribuyen a la mejor formación lingüística de los hablantes, solo son recursos (prescindibles, por supuesto) para extraer de la lengua el máximo rendimiento. Claro que se puede hablar y escribir sin haber estudiado Lengua ni haber recibido clases, pero su conocimiento reflexivo y la conciencia plena de la complejidad de su funcionamiento puede ayudarnos a valorar mejor esta extraordinaria capacidad y ser conscientes de los riesgos que conlleva su inadecuado manejo.
Porque hay situaciones de una extraordinaria trascendencia que exigen la posesión de mayores competencias de las que nos valdrían para una comunicación normal y cotidiana, de ahí las frustradas comunicaciones que se producen en ámbitos de la sanidad, de la justicia o de la educación, con los riesgos que conllevan, por no ser plenamente conscientes los emisores de la complejidad del sistema lingüístico, que permite verbalizar desde la cuestiones más triviales hasta las ideas abstractas, los pensamientos más profundos y los más íntimos sentimientos. De ahí que la enseñanza de la Lengua haya sido siempre materia irreemplazable y transversal en todos los sistemas educativos, asignatura que habrá de ser impartida por cualificados especialistas, capacitados para transmitir a los estudiantes sus extraordinarias potencialidades.
Siempre me preocupó la despreocupación que existía en relación con la enseñanza de esta asignatura en todos los niveles de la enseñanza, tratándose, como lo es, de la materia central en torno a la cual giran el resto de materias del currículo. Recuerdo una anécdota que puede ser muy ilustrativa, pues me sucedió cuando formaba parte de un tribunal de la antigua selectividad (PAU o EBAU, según acrónimos más modernos). En el primer ejercicio en el que los alumnos se examinaban de Lengua y Matemáticas, resultó que un buen número de estudiantes reclamaban a la profesora de Matemáticas para que les resolviera algunas dudas sobre los problemas y cuestiones planteados en el examen. “Mercedes”, le dije, “¡qué examen tan complicado han puesto los matemáticos!”, y ella, de inmediato, me respondió: “Perdona, Humberto, pero es que no he querido molestarte, porque la mayor parte de las preguntas eran para ti”. Eran dudas de interpretación lingüística, comprobé, y no sobre las aparentes abstrusas cuestiones matemáticas.
Y esto es lo que está sucediendo hoy en situaciones muy conocidas de la Política, la Justicia y de la Administración en general, porque salvo que yo reconociera ahora mi absoluta incompetencia, después de una licenciatura, un doctorado y una cátedra, algo está fallando (en el emisor o en el receptor) si confieso que me he considerado incapaz de entender en su totalidad algunos comunicados de la Agencia Tributaria, por ejemplo; bien es verdad que nunca existe muy buena disposición interpretativa ante misivas tan peculiares e inesperadas. Pero más grave es que competentes juristas difieran de un modo absoluto (ni siquiera gradual) en la interpretación de las leyes: “Son problemas de interpretación”, dicen unos; los otros se escudan en que los problemas son de técnica legislativa. Cuestiones de contenido y expresión, en definitiva, por más que quieran confundirnos con las palabras altisonantes y oscuras a que nos tienen acostumbrados.
No es la primera vez que desde la propia administración de justicia se formulan propuestas para la reforma y actualización del lenguaje jurídico-administrativo en defensa de la seguridad jurídica y el derecho a la información de los ciudadanos (la Orden de 7 de julio de 1986 de presidencia de Gobierno, por ejemplo, o las propuestas de la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico), aunque, por lo que parece, todo queda en proyectos, propuestas y promesas. “Los jueces [póngase aquí cualquier profesional de la Administración] tienen que prepararse, tienen que formarse”, he oído de boca de una reconocida jurista alarmada ante la que les ha caído por la anómala redacción de una ley que ha sido interpretada de forma contraria, según parece, a lo que en principio era su finalidad.
Claro que los jueces han de formarse en cuestiones lingüísticas; y los médicos y los policías y los maestros. Por eso me llama la atención que corra el riesgo de desaparecer una asignatura que se impartía en el primer curso de ciertos grados universitarios relacionada con la formación lingüística de los futuros juristas, economistas o geógrafos, según recuerdo ahora. Pero más alarmante es que la asignatura de Lengua Española vaya a desparecer de los estudios de Magisterio. Hace muchos años que reclamaba mayor presencia de contenidos lingüísticos en la formación de los maestros en mi artículo “La reforma del magisterio” (El País, 12/5/1992), y más tarde, en 2016, presenté en un congreso una ponencia en la que denunciaba la deficiente formación lingüística de muchos docentes (“Las competencias lábiles: reflexiones en torno a la formación lingüística del profesorado de español”, [puede bajarse de Internet]), pero compruebo con tristeza que no han sido oídas mis propuestas. ¿Cómo vamos a esperar que con la formación lingüística básica que hemos recibido alguien pueda advertir que formar un femenino a partir de una palabra que ya es de género femenino es un auténtico disparate (portavoz – portavoza), o que hay que hablar de “familia monomarental” (una madre y sus hijos) por entender que la “monoparental” es la que está formada por un hombre y sus hijos, por ignorar que “parental” se refiere a los progenitores y no al padre únicamente?
Y, si los jueces no se muerden la lengua para denunciar las deficiencias en la formación de los propios colegas, tampoco me la voy a morder yo reclamando justificadamente mayor presencia de la Lengua Española en todos los niveles del sistema educativo, incluso en la universidad y, sobre todos en la formación de aquellos responsables de la educación primaria y secundaria.
Si no lo hiciera así estaría actuando como la tropa de hipócritas que no denunciaban la desnudez del rey en el conocido relato del danés Hans Christian Andersen, “El traje nuevo del emperador”, pues prefiero hacerlo con la sinceridad del niño que sí informó públicamente de la vergonzante situación del monarca. Entenderán que en este contexto no me refiera al capítulo XXXII de “El conde Lucanor” de nuestro Don Juan Manuel, con idéntico mensaje, no sea que se me tilde de racista o xenófobo, pues, como se sabe, en este caso el denunciante no es precisamente un niño.
