El grupo independiente de expertos reunido por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, en octubre de 2011, ha dado a conocer la semana pasada su informe final con recomendaciones para garantizar el derecho a la información entendiendo que “la libertad y el pluralismo en los medios de comunicación resultan cruciales para la democracia europea».
El informe, que ha levantado ampollas y -como era de esperar- ya ha sido rechazado por las patronales de prensa, reclama a la Unión Europea (UE) mejoras normativas que garanticen el acceso no discriminatorio de los medios de comunicación al mercado y que actúe ante posibles problemas de competencia para garantizar la libertad de prensa.
Los especialistas señalan que la UE debe ser competente para actuar y proteger el pluralismo, como garante de los derechos de los ciudadanos europeos recogidos en los tratados comunitarios.
El grupo de expertos también aconseja que se armonice la normativa vigente en cada Estado miembro para crear un sistema capaz de regular las actividades de los medios de comunicación más allá de las fronteras de cada país.
En concreto, consideran necesaria la creación en todos los países de consejos independientes, parecidos al Defensor del Pueblo, que velen por el cumplimiento de los requisitos de la UE, con capacidad para estudiar reclamaciones de los ciudadanos e imponer sanciones a los medios infractores. Estos consejos deben ser objeto de seguimiento por la Comisión Europea para asegurarse de que“cumplen los valores europeos».
Asimismo, sugiere la creación de un centro europeo independiente, sufragado por la UE y encargado de realizar informes sobre libertad de prensa que posteriormente puedan ser estudiados por el Parlamento Europeo.
Además, para garantizar la independencia de los medios, los expertos recomiendan que la concesión de ayudas públicas o estatales a los medios de comunicación esté condicionada a la publicación de un código de conducta por parte del propio medio.
Asimismo, los expertos sugieren promover un sistema de becas de investigación para impulsar una red de informadores más profesionales, así como crear unos galardones a nivel europeo que reconozcan el trabajo de los periodistas.
El texto recomienda a los Estados miembros que pongan en marcha «instrumentos apropiados» para identificar a quienes dañan a otros ciudadanos a través de los medios, incluyendo los medios en Internet.
Por otro lado, analiza los problemas que crean los «juicios mediáticos paralelos» y, a este respecto, sostiene que los medios de comunicación deben responder por cualquier tipo de perjuicios que se deriven de sus informaciones, en caso de que con posterioridad los sujetos víctimas de esas informaciones no sean condenados en el proceso judicial al que se les someta.
En la misma linea, los expertos señalan la recomendación de que se exija a los medios que actúen de manera responsable y den la misma relevancia a las informaciones en las que se exculpe o se retiren los cargos contra la persona perjudicada o difamada por su información que la dada en el momento de la noticia de la inculpación.
El Ejecutivo comunitario ha respaldado el trabajo del grupo de expertos ante las críticas de los empresarios de los medios europeos y defendió que la UE debe ir más allá de ser una mera «brújula moral» y adquirir capacidades para garantizar la libertad en los medios de comunicación.
Los miembros que integran este grupo de expertos, que han seleccionados por sus conocimientos en sus ámbitos respectivos y por su total independencia, son los siguientes: profesora Herta Däubler-Gmelin, antigua ministra de Justicia de Alemania; Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, profesor del Instituto Universitario Europeo y antiguo abogado general del Tribunal Europeo de Justicia, y Ben Hammersley, pionero digital y editor de una revista sobre tecnología. La Comisión Europea asumirá las tareas de secretaría del Grupo.
El informe completo, en inglés:
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/pluralism/hlg/index_en.htm
