SALVADOR GARCÍA LLANOS
Siempre rechazamos las burlas y los menosprecios a los discapacitados, no digamos los tratamientos mediáticos de ese tenor o el que se utilice su vulnerabilidad en público para obtener algún tipo de provecho, de ahí que apreciemos ese fallo del Tribunal Constitucional consistente en amparar a un ciudadano discapacitado físico y psíquico en un 66% que había sido entrevistado en un programa, ya desaparecido, de Tele 5, Crónicas marcianas.
La resolución condena a Xavier Sardá y a su colaborador Javier Cárdenas a indemnizar a la víctima, defendida por el letrado tinerfeño Angel Isidro Guimerá, a la cantidad de quince mil euros, al entender que el derecho al honor y a la propia imagen ha sido vulnerado. “Clara y censurable intención de burlarse de sus condiciones físicas y psíquicas, atentando de esa manera no solo contra sus derechos al honor y a la propia imagen sino incluso contra su dignidad”, dice uno de los párrafos de la sentencia.
Cárdenas ha publicado un texto en defensa propia. Tiene razón en lo del tiempo transcurrido y que el fallo del Constitucional se haya dado a conocer ahora, después de otros hechos en los que él mismo exponía aristas muy críticas, estableciendo una relación causa-efecto, cuando menos interpretable. Puede tenerla en lo que relata sobre la posición familiar, interesada en la obtención de buenos ingresos siempre y cuando se llevara a cabo la entrevista. Pero no la tiene en cuanto que, aún siendo verdad esto último, por principios y teniendo en cuenta los rasgos de la persona, había que negarse a realizarla para evitar escarnios y hasta los propios riesgos jurídicos que la iniciativa comportaba.
La persistencia y buen oficio del letrado han sido determinantes. Y lo que es un caso de sentido común cobra, con esta decisión del Alto Tribunal, una relevancia extraordinaria con vistas al futuro. Que lo tengan en cuenta medios, cadenas, directores y comunicadores: no se puede atentar contra la dignidad de una persona discapacitada. En su resolución, el Tribunal Constitucional -que corrige al Supremo, por cierto- impone a los poderes públicos un mandato de protección a las personas con discapacidad.
Hay que alegrarse de esta noticia porque las tentaciones proliferan en el universo mediático sin escrúpulos. Hay “espectáculos” -y es procedente entrecomillar el término- que no se deben producir y que resultan tan reprobables como intolerables. Ya hablamos de escarnios, como si fuera un valor agregado.
Ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Nada menos.
