Los informadores riojanos consideran que desde una institución «no se puede señalar públicamente a unos compañeros que ejercen su derecho a informar y mucho menos amenazar con retirar las acreditaciones».
La incorporación de las nuevas tecnologías al trabajo informativo y su compatibilidad con los derechos laborales o las complicaciones que enfrentan los corresponsales en zonas de conflicto han sido objeto de debate en la LXXVIII Asamblea General celebrada en Albacete.
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