La organización denuncia los casos de diez periodistas que sufrieron violencia por parte la policía o la gendarmería mientras «cubrían acontecimientos relevantes para la sociedad».
Recuerda que ‘Libération’ cumplió con su deber al publicar información de interés público, en un momento en el que el gobierno prepara reformas en la legislación laboral.
Entre las recomendaciones hechas figura la importancia de conocer quiénes son los propietarios de los medios y la lucha contra la tendencia a que la propiedad esté en unas pocas manos.
La norma extendería las limitaciones a la libertad de prensa por ofensas, de tres meses, a un año para los contenidos en Internet, según la ONG de los periodistas.
Denuncia que cuestiones de ética periodística, profesionalidad de los medios y libertad editorial vayan a ser decididos por un organismo gubernamental.
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