El Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoce en la sentencia que las resoluciones del magistrado fueron injustas, si bien no incurrieron en un delito de prevaricación.
La Policía Científica analizará si se volcó todo su contenido para identificar fuentes.
Los dos periodistas a quienes el juez Miguel Florit ordenó requisar sus móviles para investigar el ‘caso Cursach’ testifican que se vieron forzados a entregar los teléfonos a la Policía y que se vulneró su derecho al secreto profesional.
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