“La revelación de la fuente solo se justifica en casos excepcionales, como cuando existe un riesgo inminente para la vida, la integridad física o la seguridad de las personas”.
Participó en la última de las cuatro jornadas organizadas por la FAPE, en colaboración con la Fundación “la Caixa”, y que ha llevado por título “Secreto profesional, asignatura pendiente”.
El texto legislativo contempla el derecho a no revelar la identidad de la fuente ni cualquier otra información que pudiera conducir directa o indirectamente a su identificación.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intervendrá como invitada antes de que comience la mesa del próximo 14 de diciembre.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, intervendrá como invitada antes de que comience la mesa del próximo 14 de diciembre.
Organizaciones profesionales y sindicales de periodistas se han reunido con los grupos parlamentarios y con el Ejecutivo para que se cumpla este mandato de la Constitución.
La FAPE y el FOP han iniciado una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para pedirles que desarrollen esa previsión del artículo 20 de la Constitución.
Los dos periodistas a quienes el juez Miguel Florit ordenó requisar sus móviles para investigar el ‘caso Cursach’ testifican que se vieron forzados a entregar los teléfonos a la Policía y que se vulneró su derecho al secreto profesional.
Los periodistas que intervinieron en las diferentes mesas defendieron la autorregulación, tal y como se hace actualmente, mientras que la abogada de Auren, Laura Aran, propuso incluir sanciones en el Protocolo del CGPJ.
La iniciativa de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares, respaldada por la FAPE, se produjo tras la intervención judicial en “Diario de Mallorca”, Europa Press y EFE, que pone en riesgo el derecho al secreto profesional.
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